San Cristóbal, República Dominicana, Fuente Externa. – El Centro de Sostenibilidad Socioambiental Loyola (CSSL) valoró, como un paso trascendental para la protección del patrimonio natural dominicano, la entrega al Estado de los primeros seis títulos de propiedad correspondientes a terrenos estatales ubicados dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora y la Reserva Forestal Loma Novillero, que conjuntamente comprenden una superficie de 12,351,556.05 metros cuadrados.
Para el CSSL, esta decisión representa
un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de las
áreas protegidas, al contribuir a prevenir ocupaciones ilegales, reducir la
fragmentación de los ecosistemas y proteger territorios que pertenecen al
patrimonio natural de todos los dominicanos.
El Centro considera que la protección
jurídica de la Montaña La Humeadora reviste una importancia estratégica para
San Cristóbal y para el país por su extraordinario valor ecológico e hídrico.
En esta zona de la Cordillera Central
nacen más de 16 ríos y 71 arroyos, entre ellos los ríos Mahoma y Mahomita,
cuyas aguas tributan a las presas de Jigüey y Aguacate, convirtiendo este
territorio en una pieza fundamental dentro del sistema hídrico de la nación.
La conservación de La Humeadora
trasciende, por tanto, la protección de un espacio natural. Significa preservar
fuentes de agua, ecosistemas, biodiversidad, actividades agropecuarias y las
condiciones ambientales que sostienen a comunidades de San Cristóbal, Villa
Altagracia, el Gran Santo Domingo y otras zonas del sur del país.
Proteger La Humeadora es proteger el
agua y la vida
Desde esta perspectiva, el CSSL entiende
que la montaña debe ocupar un lugar central en las agendas de investigación
científica, educación socioambiental y participación ciudadana. Su conservación
requiere vigilancia permanente, generación de conocimiento, educación ambiental
y una participación activa de las comunidades, las instituciones académicas,
las autoridades y las organizaciones sociales.
El CSSL también valoró positivamente la
creación, mediante el Decreto 581-26, de la Comisión Presidencial Permanente
para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación de los
Terrenos Estatales Ubicados en Áreas Protegidas.
A juicio del Centro, esta instancia
representa una oportunidad para que el país avance hacia una política de Estado
capaz de garantizar que los límites legalmente establecidos de las áreas
protegidas tengan un respaldo territorial, registral y administrativo efectivo.
El CSSL llama a que este proceso avance
con firmeza, transparencia, rigor técnico y continuidad, de manera que la
titulación no constituya un acto aislado, sino parte de una estrategia nacional
de protección de los ecosistemas.
En ese sentido, considera necesario que
el proceso alcance progresivamente todos los terrenos estatales situados dentro
de las áreas protegidas del país, sin privilegios ni excepciones, mediante
mecanismos de identificación territorial, georreferenciación, saneamiento
catastral y registral, vigilancia ambiental y aplicación efectiva de la
normativa.
La declaración legal de un área
protegida constituye un punto de partida; su verdadera protección se
materializa cuando existe capacidad institucional para garantizar su integridad
territorial y evitar ocupaciones, construcciones y proyectos incompatibles con
los objetivos de conservación.
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Proteger el territorio también implica proteger a las comunidades
El CSSL subraya, sin embargo, que la
firmeza en la protección ambiental debe estar acompañada de justicia social.
La defensa de las áreas protegidas no
puede traducirse en desamparo para las familias que habitan o desarrollan
medios de vida en estos territorios, especialmente aquellas que se encuentran
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Por ello, toda intervención debe
contemplar censos sociales, diálogo con las comunidades, evaluación de
derechos, debido proceso y alternativas dignas de vivienda, producción e
ingresos, de manera que la conservación sea compatible con la dignidad humana.
Al mismo tiempo, el Centro considera
importante diferenciar entre las familias que sobreviven en condiciones de
vulnerabilidad y quienes promueven el tráfico de terrenos, la especulación
inmobiliaria o la explotación irregular de territorios protegidos. La
aplicación de la ley debe ser particularmente firme frente a estas prácticas
que amenazan el patrimonio natural de la nación.
El Centro de Sostenibilidad
Socioambiental Loyola manifestó su disposición de respaldar las actuaciones de
la Comisión Presidencial y de contribuir, desde sus capacidades educativas,
científicas, investigativas y socioambientales, a los procesos de sensibilización,
generación de conocimiento, participación comunitaria y conservación de los
ecosistemas.
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