San Cristóbal, Por Julio César García. - La reunión de la Fuerza de Tareas celebrada en San Cristóbal colocó a la provincia en el centro del combate contra la criminalidad. Se anunciaron 160 nuevos agentes policiales, 10 camionetas y 15 motocicletas, la apertura de la Fiscalía Comunitaria en Haina, además de refuerzos en tránsito y migración. Todo esto se suma al patrullaje mixto con el Ministerio de Defensa, que ya se despliega en los barrios más afectados por la violencia.
El papel del senador Gustavo Lara
En este contexto, el senador Gustavo
Lara Salazar ha jugado un rol decisivo. Fue el primer legislador en solicitar
públicamente la militarización de San Cristóbal, alertando sobre la ola de
atracos y homicidios que golpeaban a comerciantes y familias. Su reclamo abrió
el debate nacional y aceleró la intervención de las fuerzas de seguridad.
En entrevistas recientes, Lara ha
reafirmado su compromiso con la seguridad, la salud y el desarrollo integral de
la provincia, insistiendo en que la paz ciudadana es condición indispensable
para el progreso. Su gestión ha sido reconocida como puente entre las
autoridades locales y el Gobierno central, presionando para que las medidas no
se queden en anuncios, sino que se traduzcan en presencia efectiva en las
calles.
Medidas recientes contra la violencia
Desde el 7 de noviembre, San Cristóbal
ha recibido un despliegue de 933 agentes en operativos nocturnos que se
extienden hasta el amanecer. Se han incautado armas de fuego y detenido más de
200 personas en menos de un mes. Además, se ha expandido el sistema de
videovigilancia tecnológica para reforzar el control en puntos críticos.
El presidente Luis Abinader ha dado
seguimiento estricto a estas acciones, participando de manera virtual en la
reunión número 117 del Plan de Seguridad Ciudadana, lo que confirma la
prioridad nacional que representa San Cristóbal.
Un desafío más allá de la militarización
Aunque la militarización y el refuerzo
policial ofrecen un alivio inmediato, persiste el reto de enfrentar las causas
estructurales de la violencia: desempleo juvenil, deterioro educativo y falta
de oportunidades. Analistas coinciden en que la seguridad sostenible dependerá
de políticas sociales que acompañen la represión del delito.
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