San Cristóbal .- La Red de Veedores Sociales de San Cristobal culpa a las autoridades del Ayuntamiento de San Cristobal de la agresión de que fueron objeto los dirigerentes comunitarios Pablo Estévez y Vinicio Rivera y otros dirigentes de esa organización, en el momento que se iniciaba la construcción de un centro comunal en el sector Conani.
Los dirigentes de la organización fueron agredidos por el
señor Ammy López, miembro de la familia López, en el momento que los mismos
mediaban con otros miembros de esta familia y la junta de vecinos, para el
inicio de la construcción del centro comunal que fue ganado por la comunidad de
Conani con el presupuesto participativo del Ayuntamiento de San Cristobal en el
2019, a construirse en el área verde donada por el REFOR a dicha comunidad y
que la familia López se ha ido apropiando.
En este conflicto que
tiene alrededor de 25 años, las autoridades del Ayuntamiento siempre han
actuado con paños tibios, no han ejercido su autoridad y han delegado su
responsabilidad como entidad rectora en el manejo de los bienes públicos, a que
sea la junta de vecinos que maneje la situación con relación a la definición de
la propiedad de los terrenos en conflicto, lo que se atribuye a confabulación y
protección política a la familia que se ha ido apoderando del área verde del
sector.
Las autoridades del Ayuntamiento han dejado sola a la
comunidad en dicho conflicto, hasta el extremo de plantear que se habilite un
paso de servidumbre de dos metros y medio en el terreno para el acceso a una
propiedad de dicha familia, que está construida en parte del terreno del área
verde.
Demandamos que el Ayuntamiento de San Cristobal asuma su
responsabilidad y su autoridad en procura en de que se respeten las áreas
verdes y acompañe a las comunidades en estos procesos y con ello evitar
situaciones que lamentar.
Observamos que
esta es una vieja práctica del
Ayuntamiento, de delegar su responsabilidad
en las comunidades, lo cual se evidencia en la construcción de las obras de
aceras y contenes en las comunidades, donde el ayuntamiento debe ejercer su
autoridad para el uso de los terrenos que por ley corresponden a las vías o
uso público, lo que trae como
consecuencia conflictos con propietarios de solares o terrenos que obstaculizan
el paso de estas construcciones y con ello propiciando la arrabalizacion.
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