Santo Domingo.- El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), pidió a la Superintendencia de Electricidad admitir todos los reclamos de las familias, negocios y personas que hayan recibido alzas desmedidas en la facturación de julio, para que en base a una ponderación profesional se determine las razones del incremento en los casos cuestionados cuya revisión ha sido solicitada, y cobrar el precio justo en base al historial de consumo de la vivienda o el negocio afectado por una facturación irregular, en los que los cobros hayan sido duplicados o triplicados como han denunciado muchos consumidores.
ONPECO recordó que el ente regulador debe reconocer el <derecho
al reclamo> que tienen los consumidores, expresado en la Ley número 358-05,
y la propia Constitución de la Republica que reconoce el derecho de los
ciudadanos a ser resarcidos si son afectados sus intereses económicos.
Con esta sugerencia se puede resarcir el daño causado por
la facturación del mes de julio, dado que las próximas alzas quedarán sin
efecto, debido a la disposición del presidente de la República de dejar sin
efecto las alzas programadas hasta tanto permanezca la amenaza de la guerra
entre Rusia y Ucrania, y los demás factores que han desatado la inflación por
la que atraviesa el país y el mundo.
La entidad de defensa de los consumidores reveló que
numerosas personas han denunciado que no le ha sido admitidas las reclamaciones
ante las EDES, en algunos casos en casa de familia donde históricamente el
consumo fluctuaba entre cinco y seis mil pesos, pero ahora en julio le ha
llegado de 30 y hasta 32 mil pesos, lo que es una exageración.
La organización de protección a los consumidores recordó
que hace una semana pidió transparencia en la facturación, debido a las
irregularidades denunciada por los consumidores de energía, en el sentido de
que no cobran por consumo medido, sino por estimado, y eso no es justo.
Los entes reguladores son figuras surgidas en los procesos
de privatización de los servicios, y tienen como objeto garantizar la seguridad
del servicio, la seguridad jurídica de los inversionistas y la protección de
los más vulnerables del mercado, los consumidores, quienes tienen desventajas
frente a los proveedores debido a la asimetría de la información.
El regulador es el representante del Estado que debe actuar
como una especie de árbitro, pero siempre con la mirada hacia la protección de
los consumidores vulnerables, a quienes tienen la obligación de proteger,
conforme a los preceptos constitucionales.
Con respecto al Pacto eléctrico ONPECO recordó que carece
de legitimidad toda vez que no fue refrendado por el sector social ni siquiera por
la universidad del Estado. El sector social representa más del 60 por ciento de
la población, está debidamente organizado, pero fue ignorado a la hora de la
firma del pacto.
Una revisión a todos los periódicos del 25 de febrero del
año pasado evidenció que todos los titulares decían: “se firma Pacto eléctrico
con la ausencia del sector social”. Sin embargo, las autoridades afirman que
fue debidamente consensuado con todos los sectores.
El pacto debe ser revisado, teniendo en consideración que
no debe estar por encima de le Ley y que la democracia se ejerce de abajo hacia
arriba, no de arriba hacia abajo, y más en una población con altos niveles de
carencias, de pobreza y pobreza extrema.
Finalmente, ONPECO saluda la decisión del presidente de la
República, de dejar sin efecto la aplicación del incremento de la tarifa y la
promesa de revisar el Pacto eléctrico.
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