Santo Domingo. - El Gobierno dispuso este jueves un conjunto de medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, las cuales incluyen la instalación de cámaras en todas las patrullas y todos los destacamentos.
Igualmente,
dispuso la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos
en el Ministerio de Interior y Policía, y la coordinación en conjunto con el
Ministerio de Salud Pública de un programa especial para evaluar las
condiciones de salud de los apresados temporales.
El
anuncio fue hecho por el Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del
Castillo, acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez
Martínez.
Vila
del Castillo dijo que se logrará un cuerpo policial transformado, que inspire
confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía.
La
reforma policial es una de las principales prioridades del Gobierno del presidente
Luis Abinader, por lo que el comisionado especificó que estas disposiciones
estaban ya contempladas para ser implementadas en los próximos meses dentro del
marco de la reforma que ya está en marcha, pero que se acelerarán para dar
respuesta urgente.
“En
una sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos, como la
nuestra, no es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio, en San José de
Ocoa; a Richard Báez, en Santiago y a David de los Santos, en el Distrito
Nacional”, advirtió, tras expresar su pésame a todos sus familiares y amigos.
Y
agregó: “Los ciudadanos se preguntan: ¿Qué haremos para asegurar la vida en las
patrullas policiales? ¿Qué haremos para asegurar la vida en los destacamentos?
¿Qué haremos para garantizar el buen comportamiento de los agentes? y ¿Qué
haremos para hacer más transparente la custodia policial?”, planteó Vila del
Castillo.
Afirmó
que tienen el deber de responder con soluciones prácticas a problemas
específicos. Citó que el Ministerio Público dirige una investigación independiente
para esclarecer los hechos ocurridos, identificar a los responsables, instruir
un expediente y someter a la justicia a los imputados.
“A
esa institución le solicito, con todo el respeto institucional debido, que
actúe con toda diligencia, rigor, rapidez y profundidad que las circunstancias
ameritan”, señaló.
Expresó
que el pueblo dominicano está esperando medidas para garantizar la integridad
física de los ciudadanos cuando se encuentren bajo custodia policial, por lo
que en esta convocatoria tiene el propósito de comunicar soluciones específicas
para evitar que estos hechos trágicos vuelvan a repetirse.
“La
reforma policial es, ahora más que nunca, impostergable. La reforma policial no
se detendrá, aun cuando su implantación no vaya a estar libre de obstáculos,
censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques políticos,
tanto desde el interior, como desde el exterior de la institución. Pero llevará
tiempo. No se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en tres semanas”,
planteó.
A
continuación, las medidas completas adoptadas:
1. La ejecución inmediata de la instalación de
cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en
tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
2.
Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
3.
Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de
las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos
que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
4.
La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión, además de
la mejora de la inspección de tráfico.
5.
La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
6.
La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el
Ministerio de Interior y Policía.
7.
Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía, el
departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de
garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos.
8.
Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de
mayores capacidades de control e instrucción de casos.
9.
Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes,
comenzando por los altos cargos de la PN.
10.
Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad
descentralizada.
11.
Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los
agentes en tres áreas, como mínimo:
• Gestión de crisis.
• Derechos Humanos.
• Actuación policial y uso de
la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
12.
Ratificar, previo acuerdo parlamentario, la implementación del Protocolo
Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los
ciudadanos a la justicia internacional y obligará al Estado a cumplir con los
estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días
solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones
Unidas, e iniciaremos los trabajos.
13.
Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las
condiciones de salud de los apresados temporales.
14.
Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el
Gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de
comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El
comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán
una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que
debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos.
No hay espacio para impunidad
Vila
del Castillo advirtió que no caben espacios para la impunidad y que los
responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a los
tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el
Ministerio Público posee.
Sostuvo
que la Policía Nacional, gracias al impulso irrestricto de la presidencia de la
República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo
diario del Ministerio del Interior y Policía y de la Dirección General de la
Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral,
coordinado desde la Comisión.
Mencionó
que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco Legal, Nuevas
Tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y Gastos,
Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas.
Para
cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a
cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación
tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y
tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía
Nacional como a Politur y la DIGESSET.
Manifestó
que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas
las administraciones presidenciales dominicanas. Solo en los últimos 16 años,
agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de
disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
De
total de esos casos, puntualizó, solo 96 fueron sometidos a la justicia y, de
ellos, solo terminaron en condena 18.
Con
relación a los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el
año 2022, se registran 10 casos en 5 meses, una diferencia estadística notoria
comparada con el pasado.
“Pero
lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los
funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio
Público. No hay impunidad”, precisó.
Vila
del Castillo reconoció que todavía hay muchas cosas que cambiar, como las
responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin
reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos
legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser
erradicados.
Proceso de reforma
Vila
del Castillo recordó que fue nombrado el 14 de enero como Comisionado Ejecutivo
para la Reforma Policial, y que sus labores iniciaron oficialmente la primera
semana de febrero.
“Durante
estos noventa días he estado trabajando, como me comprometí durante mi toma de
posesión, en la puesta en marcha de la reestructuración completa de la
institución”, dijo.
Explicó
que su trabajo se fundamenta tanto en las recomendaciones hechas por los
trabajos de la Comisión para la Reforma, como en aquellas dadas por los
organismos internacionales y tiene en cuenta las necesidades expresadas por los
propios miembros de la institución durante estas semanas.
“Como
un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes países,
la Policía Nacional de República Dominicana con la que yo me encontré, no
ahora, sino desde hace varias décadas en mi labor como representante en las
Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin
delegación de autoridad”, aseguró.
Y
agregó: “De mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las
responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del
Estado y desvertebrada de las necesidades sociales. Su papel se ciñe,
fundamentalmente, a servir como forma de actuación investigativa y controladora
social”.
Expuso
que toda la gestión de la Policía Nacional se basa en el principio escalonado
de la autorización administrativa, la tradición burocrática y la no consecución
sistémica e inconsecuente de lo planeado desde su sede central en Santo
Domingo, proyectada hacia todo el territorio.
Mayoría son hombres y mujeres
de bien
Vila
del Castillo sustentó que a lo largo de estos meses de trabajo cotidiano se ha
encontrado con una institución anhelante de cambios, dispuesta a la
modernización, guía y conocimientos.
Además,
entiende la necesidad de reconocimiento y respeto sociales, al estar privada
sistemáticamente del apoyo presupuestario necesario, abandonada durante décadas
y con unas condiciones laborales que califica, porque lo ha visto visitando los
barrios de forma sorpresiva, de indignas.
De
los más de treinta mil agentes que componen la Policía Nacional, aseveró, la
inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas
condiciones de abandono social casi absoluto y a los que se les encarga una de
las responsabilidades sociales más importantes en un Estado democrático, social
y de derecho: la seguridad de los ciudadanos, la protección de la vida, de los
derechos humanos y la vertebración social del territorio.
“Existen
también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser policías o
servidores públicos. Ellos deben quedar fuera tras un proceso de evaluación”,
adelantó.
Estuvieron
presentes los viceministros de Interior y Policía, para la Convivencia
Ciudadana, Fernando Nolberto; Seguridad Interior, Jesús María Féliz; Seguridad
Preventiva en Sectores Vulnerables, Mily Pérez y Aníbal Amparo, de Control y
Regulación de Armas y Municiones.
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