La procuradora adjunta Yeni Berenice sostiene que todo el que participó en el entramado de corrupción tendrá que responder ante los tribunales
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Lo que pasa es que, si se robó mucho, hay que investigar mucho”, sostuvo la noche de este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, al referirse a la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa.
La
titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó
que resulta imposible estructurar un expediente sobre un “gran robo” con “una
pequeñita investigación”. En ese contexto dijo, “…y reitera el Ministerio
Público: se robó mucho, muchísimo”.
Explicó
que las modalidades fraudulentas y delictivas que la investigación ha ido
determinando ha llevado a hacer decenas de interrogatorios, así como el rastreo
de decenas de empresas que se utilizaron con personas a quienes les falsificaron
documentos y les robaron la identidad.
“Entonces,
con toda esa línea de investigación, bajo ningunas circunstancias aquí no se va
a quedar nadie fuera”, advirtió.
Reynoso
respondió preguntas de la prensa que la abordó luego que la jueza Altagracia Ramírez
de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,
aplazara hasta el próximo miércoles 23 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el
conocimiento de la solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar
la acusación formal contra los encartados, así como la revisión obligatoria de la medida de
coerción a Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general, y a Javier
Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la
Comunicación del Ministerio Público.
La
procuradora adjunta sostuvo que “todo el que robó, todo el que participó en
este entramado de corrupción va a ser imputado por el Ministerio Público”.
En
ese sentido, añadió que “hacer una investigación seria, lleva tiempo, pero
nosotros no nos hemos inventado el tiempo, fue el Código que dio esa facultad”.
“Nosotros
hemos demostrado que cuando presentamos un caso, lo presentamos con las
pruebas, que cuando acusamos, acusamos con las pruebas; entonces, hechos
nuevos, como han surgidos, como es en el caso de los alimentos, que todo ese
entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado Jean Alain
Rodríguez, a través de su cuñado, eso no se va a quedar sin investigar”.
La
procuradora adjunta insistió en que todos los hechos se van a investigar.
“Todas las imputaciones, cada peso que se distrajo al Estado, nosotros vamos a
imputarlo”.
Además
de Reynoso, en la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el
procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por la
coordinadora de Litigación de ese órgano, Mirna Ortiz; Miguel Collado, Emmanuel
Ramírez y Eduardo Velázquez.
El
expediente involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a los
coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert,
quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro
de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El
caso se sigue también contra los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto,
Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado,
quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue
impuesta una garantía económica de RD$ 1 millón en modalidad de contrato, a
través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación
periódica.
Igualmente,
involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador
Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su
entrega a República Dominicana.
El
grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado
el ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y varios funcionarios de su
gestión en el Ministerio Público en el período 2016-2020.
El
expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción
que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según
estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil
millones de pesos.
El
órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167,
265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de
funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el
Estado, entre otras normas.
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