San Cristóbal, Por redacción. – Continuamos con esta segunda entrega de tres artículos donde tratamos de reflejar la realidad de nuestro diario vivir en las calles de San Cristóbal.
Si las autopistas de la provincia de San
Cristóbal representan un peligro mortal, el centro de la ciudad es el epicentro
diario de la frustración ciudadana. El día a día en el casco urbano está
marcado por una tormenta perfecta: una inmensa cantidad de motocicletas
dedicadas al motoconcho, la falta crónica de señalización horizontal y
vertical, el deterioro de calles principales, la nula educación vial de los
conductores y un sistema de semáforos obsoletos, apagados o permanentemente
dañados.
El corazón de esta anarquía late con
fuerza en arterias como la Avenida Constitución. El principal eje comercial del
municipio se encuentra hoy bloqueado por el doble parqueo impune y por paradas
de motoconchos improvisadas en cada esquina crítica. Paralelamente, la Calle
General Cabral se ha convertido en una ratonera urbana: el deterioro severo de
la capa asfáltica, la falta de semáforos inteligentes y el cruce desordenado de
rutas interurbanas provocan tapones kilométricos que desquician al conductor
más paciente.
A este escenario caótico se suma una
evidente crisis de autoridad. El problema en San Cristóbal no es la falta de
personal; numéricamente, los agentes de la DIGESET desplegados en el casco
urbano son suficientes para ejercer un control efectivo. El verdadero problema
es la ausencia de voluntad jerárquica y de un mandato claro.
Es una estampa común ver a los
uniformados distribuidos en nuestras calles conversando plácidamente entre
ellos bajo la sombra de un árbol, sentados en bancos de comercios del entorno o
absortos en las pantallas de sus teléfonos móviles, interviniendo para agilizar
el tránsito solo en casos verdaderamente excepcionales.
Esta distorsión de funciones ha roto la
relación entre el ciudadano y la autoridad a través del polémico sistema de
"las multas como cuotas". Existe una queja generalizada de que los
agentes salen a patrullar las calles con la única misión de cumplir con un
número determinado de infracciones diarias, colocadas muchas veces sin motivos
aparentes. Esto invierte la razón de ser de la institución, cuyo fin principal
debería ser educar y prevenir, no perseguir y castigar para llenar planillas.
El resultado de esta dinámica represiva
es un mayor malestar social que no resuelve el problema de fondo:
Evasión masiva: Muchos conductores
acumulan las multas apostando a su vencimiento legal para no pagarlas.
Violencia y peligro: Las detenciones
percibidas como arbitrarias terminan con frecuencia en insultos verbales,
agresiones directas o en infractores dándose a la fuga a alta velocidad,
poniendo en riesgo inminente la vida de los peatones de la Constitución y la
General Cabral. Transitar en San Cristóbal, lamentablemente, se ha convertido
en un ejercicio de supervivencia hostil.


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