La inflación está a más de 2 dígitos y el alza de los alimentos en casi 14 %

Por: Altagracia Paulino

Los precios políticos son los que se determinan por la presión ciudadana cuando los ingresos no llegan al cometido de satisfacer las necesidades básicas.

Normalmente debe intervenir el Gobierno mediante mecanismos, como los que justifican al INESPRE y otros organismos del Estado para mitigar la inflación, y que no resuelven un problema generado por factores exógenos como los “commodities” o la especulación local.

Pero el Estado debe proteger a sus ciudadanos, a los más vulnerables del mercado: los consumidores.

Desde el año 1979 se impuso el modelo neoliberal caracterizado por la preeminencia del sector privado en el manejo total del mercado, que impuso sus propias reglas en las que redujo el papel del Estado a un simple regulador, con intervenciones vigiladas y muy poca posibilidad de regular porque los entes reguladores han sido cooptados por los propios regulados.

Entre las reglas impuestas por el modelo, también conocido como nuevo orden económico global, se prohibieron los controles de precios, dejando que sea la ley de oferta y demanda la que regule el mercado.

Previo a la concertación para que sucediera, se produjo una campaña de descrédito contra toda la administración pública, la cual había dado indicios de mala administradora, por prácticas que terminaban en corrupción.

De ahí las corporaciones concluyeron que el Estado es mal administrador y que el mercado debía autorregularse, lo que más de 40 años después hemos visto que no es cierto. El mercado por sí mismo no funciona y el sector privado depende en grande de la capacidad de los Estados para ser sostenible.

La palabra “control de precios” quedó en desuso, priorizando entonces las reglas y normas para la libre competencia, la que no funciona en los mercados pequeños como el nuestro, donde predomina el monopolio y el oligopolio, porque el sistema de producción, importación y distribución de los insumos indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores, que es un derecho fundamental, depende de esas prácticas.

En estos momentos vivimos en pleno proceso inflacionario. La inflación está a más de dos dígitos y el alza de los alimentos se sitúa casi en un 14 %, la más alta desde 2008 cuando la crisis Suprime.

La gente está al grito y casi implorando que vuelvan los controles de precios, lo cual es visto por los proveedores como un retroceso; pero se olvidan de que los mercados funcionan ciertamente donde hay competencia y las reglas son claras y transparentes, lo cual no es nuestro caso.

Resulta que en momentos de crisis se producen también las oportunidades, es casi una palabra hecha para estimular el optimismo; sin embargo, es también la oportunidad del enriquecimiento ilícito que produce el fenómeno de la especulación. Desde que un producto experimenta alza, los precios varían de un sector a otro de manera impune.