San Cristóbal. Por Julio César García. -Los cimientos de nuestra sociedad vuelven a estremecerse ante un nuevo y escandaloso caso de corrupción administrativa que sacude a la República Dominicana: la denominada operación Cobra (caso Senasa). Más allá de la magnitud de los montos que el Ministerio Público asegura fueron sustraídos —cifras que superan los 15 mil millones de pesos—, lo que verdaderamente indigna a la ciudadanía es el destino de esos recursos y las víctimas directas de su desvío.
De acuerdo con la Procuraduría General
de la República y la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa,
los fondos presuntamente robados estaban destinados a tratamientos médicos,
medicamentos, vitaminas, vacunas y programas de asistencia para los sectores
más vulnerables del país. Se trata de recursos dirigidos al quintil poblacional
de menores ingresos, a niños y niñas en la primera infancia, a personas con
enfermedades terminales y a adultos mayores que dependen del sistema público
para sobrevivir con dignidad.
La indignación colectiva ha vuelto a
tomar las calles, evocando las multitudinarias movilizaciones de hace unos
cinco años, cuando miles de dominicanos marcharon en distintos puntos del país
y se concentraron en la Plaza de la Bandera para exigir el fin de la impunidad
y la corrupción. Hoy, aunque con menos de aquellos pioneros, pero con una
ciudadanía que se resiste a permanecer de brazos cruzados, decenas de personas
se congregaron en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con
una consigna clara y contundente: “cárcel para los ladrones”.
Estas manifestaciones constituyen un
poderoso llamado de atención a quienes gobiernan y administran los recursos
públicos. Son la expresión de una voz colectiva que advierte: “no lo volveremos
a permitir”. Que la ciudadanía proteste, exija y vigile es saludable para la
democracia. El trabajo de los funcionarios debe ser permanentemente escrutado,
y como sociedad estamos obligados a reclamar controles reales y efectivos que
pongan fin, de una vez y por todas, al saqueo del erario.
El presidente Luis Abinader ha reiterado
—y ha intentado demostrar— que puede tener amigos, pero no cómplices. Conviene
recordarle que, pese a las presiones políticas y personales que implica
permitir que la justicia investigue a personas cercanas a su entorno, este
pueblo aún mantiene la esperanza de que el mandatario se mantenga firme,
incluso si ello significa quedarse solo. La independencia del Ministerio
Público y la aplicación de la ley sin privilegios son la única vía para
preservar la paz social; de lo contrario, no se estaría abonando el terreno
para nuevas marchas o concentraciones, sino para el caos y la barbarie.
Hoy, salvo contadas excepciones, una
parte importante de la población no confía en los funcionarios del gobierno.
Esa fractura de credibilidad debe ser corregida con urgencia. El presidente
Abinader está obligado a desprenderse de todo funcionario bajo sospecha y a
rodearse de personas con probada honestidad, valores éticos y solvencia moral,
que lo acompañen en los tres años que restan de su gestión frente a la cosa
pública.
La lucha contra la corrupción no admite
medias tintas. O se actúa con determinación ahora, o se corre el riesgo de
perder definitivamente la confianza de un pueblo cansado de promesas y
profundamente herido por el abuso de quienes juraron servirle.
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