La responsabilidad del estado, la sociedad y nosotros, con nuestros enfermos mentales

San Cristóbal, Por Julio César García. - En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un aumento significativo en los casos de enfermedades mentales. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, entre muchas otras afecciones, afectan hoy a millones de personas sin distinción de edad, género o clase social.

Lejos de ser un problema individual, la salud mental se ha convertido en un desafío colectivo, que interpela tanto a los gobiernos como a la sociedad civil. Se trata de una crisis silenciosa que, en muchos lugares, sigue siendo invisibilizada y desatendida.

En nuestro propio municipio, la realidad no es ajena a esta problemática. Cada día es más común ver a personas con trastornos mentales deambulando por las calles, muchas veces en condiciones de abandono, desnutrición o violencia. Algunas son inofensivas, otras pueden mostrar comportamientos erráticos o incluso agresivos, pero todas comparten una verdad innegable: están en una profunda situación de vulnerabilidad y necesitan ayuda urgente, integral y sostenida.

No se trata solo de un asunto de salud pública, sino también de derechos humanos y de responsabilidad ética.

Las enfermedades mentales, a diferencia de lo que muchos aún creen, no son resultado de debilidad, ni se solucionan con fuerza de voluntad. Son padecimientos reales, con causas biológicas, psicológicas y sociales complejas.

Como tales, requieren diagnóstico profesional, tratamiento médico, acompañamiento terapéutico y, sobre todo, una red de apoyo sólida. Cuando no se atienden adecuadamente, pueden incapacitar gravemente a la persona para llevar una vida funcional, dificultando su inserción social y laboral, y aumentando el riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento.

En este contexto, el Estado tiene una responsabilidad indelegable. No basta con promesas o programas a medias. Se necesitan políticas públicas serias y bien financiadas que garanticen el acceso a atención psiquiátrica de calidad, centros de rehabilitación dignos, campañas de sensibilización y programas de inclusión social y laboral para las personas con padecimientos mentales.

Es fundamental dejar de tratar la salud mental como un tema secundario en los presupuestos y comenzar a abordarla como lo que realmente es: una prioridad urgente de salud pública.

Pero también la sociedad tiene un papel clave. Es necesario derribar los prejuicios, dejar de estigmatizar a quienes sufren trastornos mentales y asumir una postura de empatía y solidaridad. La exclusión, el miedo y la indiferencia solo profundizan el problema. Como comunidad, debemos ser capaces de construir entornos más humanos, donde todos y todas —sin importar su condición— tengan un lugar, una oportunidad y un trato digno. La inclusión no es caridad, es justicia.

Ignorar a quienes no pueden valerse por sí mismos no es una opción moralmente aceptable. Una sociedad que permite que sus miembros más vulnerables vivan en el abandono está fallando en lo esencial. Es momento de actuar con responsabilidad y compasión. Porque una persona con enfermedad mental no necesita lástima: necesita comprensión, tratamiento y un entorno que no le dé la espalda. Y eso, aunque suene simple, sigue siendo una deuda pendiente que tenemos como humanidad.