Santo Domingo, 08/08/2023.- El Ministerio Público sostuvo este lunes que a 16,958 personas les fueron borrados o alterados los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán.
Así lo expusieron los fiscales
litigantes que representaron al Ministerio Público en la audiencia para el
conocimiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de
Atención Permanente del Distrito Nacional contra 12 personas vinculadas a la
red criminal.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo
sobre el proceso: “se presentó hoy la medida de coerción, donde, no solamente
se indicaron las más de 8 mil personas que aparecían con registros alterados o
borrados, sino fueron 16,958 personas, que, conforme al peritaje técnico, les
fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”.
Añadió “en el día de hoy
también se le dio oportunidad a que los imputados manifestaran sus
declaraciones y sus medios de defensa, donde dos imputados declararon en esta
fase, dentro de ellos, el miembro actual de la Policía Nacional, Antony Ferrer,
quien admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de
coerción”.
Adelantó que en la audiencia
de mañana martes continuarán exponiendo dos defensas técnicas y las
contrarréplicas del Ministerio Público.
Jáquez se refirió al proceso
al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que la
entrevistaron a la salida del tribunal, a quienes le dijo que la audiencia
podría concluir este martes 8 de agosto.
En sus respuestas a la prensa,
precisó “que la compañía Nexcom Technology, es una compañía de tecnología que
fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos para
hacer la eliminación y adulteración, vinculada al exmiembro de la Policía
Nacional Luis Alfredo Astacio Polanco, que es uno de los imputados que está
aquí presente”.
Sobre los fiscales
involucrados en la red, dijo que “son de diferentes jurisdicciones y ya
Inspectoría y la Procuraduría General de la República, como había dicho
anteriormente, en los próximos días van a estar indicando quiénes son los
fiscales”.
Jáquez representó al
Ministerio Público en la audiencia junto al también fiscal Andrés Mena.
En sus conclusiones, los
fiscales, representantes del órgano persecutor, solicitaron que se declare
complejo el proceso y que se imponga la prisión preventiva contra Mártires
Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de
la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Alfredo
Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de
tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther
Reyes Silva. Entre los involucrados también se encuentran los empleados de la
Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo
Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al
ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el
miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui
Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público presentó
su solicitud de medida de coerción contra los 12 imputados de la Operación
Gavilán ante el juez Rigoberto Sena, quien subió al estrado pasado el mediodía
y luego de ponderar incidentes presentados por algunas defensas, ordenó el
inicio de la jornada.
En la solicitud de medida de
coerción, el Ministerio Público detalló las imputaciones de cada uno de los
vinculados y la calificación jurídica de los delitos cometidos por la
desmantelada red.
Con la Operación Gavilán, el
Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los
que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la
designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular
establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores
del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el
debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio
Público.
La audiencia continuó este
lunes luego de su aplazamiento el pasado viernes 4 de agosto a solicitud de las
defensas de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el
voluminoso expediente.
El pasado 1 de agosto el
Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de
fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a
eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación participó un
equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron
allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro
de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales
relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos,
homicidios o violaciones sexuales.
En el borrado de antecedentes
penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios,
narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por
adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al
extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años
figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García
(la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales
investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen
organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre
los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el
Ministerio Público con la Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se
ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos,
prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en
efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la
justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166,
167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la
Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la
Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la
Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y
sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de
activos provenientes de los delitos imputados.
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