Sería ingenuo ignorar los síntomas. Lo que está pasando en la Cámara de Cuentas no es fortuito. Las señales revelan una acción dirigida. La idea es crear una crisis artificiosa con propósitos dañinos.
Los
integrantes del organismo de control externo del Estado son Janel Andrés
Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano, vicepresidenta, Tomasina
Tolentino de Mckenzie, secretaria, y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos
y Elsa Peña Peña. Sus posturas en el organismo no son desconocidas y conforman
el siguiente cuadro: dos miembros
independientes y tres que responden a la oposición política, dentro de los
cuales uno mantiene criterios “circunstanciales”.
La
presión política arrecia y ha tomado cuerpo de trama. El objetivo no deja
sospechas: obstruir o condicionar algunas auditorías o crear una situación que
inhabilite al presidente o cambie la correlación de fuerzas.
Lo
que ha precipitado la embestida ha sido la inminente entrega del informe de
auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados
de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 bajo la
gestión de Donald Guerrero. El plan político es subvertirla a cualquier
precio. Ese núcleo de intereses ha
pretendido minar la investigación en contra del exfuncionario en todas las
instancias.
A
ese caso se le suman otros intereses que derivarían réditos colaterales de una
crisis en la Cámara de Cuentas, como la auditoría financiera de la Central
Termoeléctrica Punta Catalina que determinará sus costos. Las acciones
judiciales emprendidas sobre el caso Odebrecht solo conciernen a una parte de
los sobornos y no tocan la sobrevaluación de la planta ni las posibles
responsabilidades de los consorciados. Esos sensores están igualmente
activados.
Otras
auditorías pendientes o en curso son las de la EDE, la de la Junta Central
Electoral, así como la practicada a las informaciones financieras incluidas en
los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores
durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado, entre otras.
La
ansiedad es torpe y ciega. En el caso de la Cámara de Cuentas esa verdad ha
tenido una inmejorable aplicación. Las acciones concertadas han sido dirigidas
precisamente en contra de los integrantes independientes: Janel Andrés Ramírez
Sánchez, presidente, y Mario Fernández Burgos, miembro.
Con
respecto al primero se ha promovido una denuncia de un presunto acoso sexual a
dos abogadas del órgano; el segundo, por su parte, fue objeto de un
requerimiento formal a la Cámara de Cuentas elevado por el vocero del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Aris Yván Lorenzo Suero, para
conocer “sus gastos de refrigerio”, así como los del presidente. La información
solicitada nos dice qué tan bajo andan las cosas. Por otra parte, ha habido
canales comunicantes muy fluidos entre algunos despachos de la Cámara de
Cuentas con importantes líderes políticos de la oposición que fue gobierno y
legisladores de alto nivel, quienes conocen las deliberaciones más intimas del
órgano. El acoso a la Cámara de Cuentas es metódico y escalado. En esta semana
se activan las redes sociales con un libreto repartido de detracción.
Sobre
la denuncia en contra del presidente no hago ninguna valoración jurídica. No me
compete. La acción se sustenta en sus propios medios y evidencias, que deberán
ser apreciados por el Ministerio Público. Lo que sí resulta inevitable (por no
decir sintomático) es su relación con el contexto descrito, justo en el momento
en el que se afirma la resistencia a las aludidas auditorías y frente a hechos
que, según la propia denuncia, ocurrieron el año pasado. Un tema es negar su
ocurrencia, cosa que no hago, y otra es instrumentalizarla, cosa que sí
sospecho.
Tampoco
es casual que la rabiosa defensa de la denuncia provenga de personas vinculadas
a los centros políticos que influyen en la Cámara de Cuentas, esos que tienen
auditorías pendientes en el órgano de control externo de las cuentas públicas o
que quieren de alguna manera bloquear las investigaciones especiales relativas
a pasadas gestiones de gobierno. De esta
manera, no debe sorprender que la misma red de periodistas, comunicadores,
abogados y políticos que siempre estuvieron al servicio de esos intereses sean
los que hoy mantengan viva esta “ingenua” cruzada moral en los medios. ¿Cómo no
evitar la conexión? Y no es que queramos justificar una cosa por la otra, como
estoy seguro de que algunos inferirán; al revés, abogo para que no se mezclen.
El
momento exige la determinación de los integrantes objetados. Consentir las
presiones es sumir en la crisis a la Cámara de Cuentas. Lo que se busca es una
renuncia del presidente. La denuncia en contra de su presidente debe agotar
todas las instancias judiciales, pero no debe forzar una dimisión hasta que una
sentencia irrevocable quiebre la presunción de inocencia. Las cosas deben
seguir su curso: la denuncia, sus trámites; las auditorías, su avance.
Saludo,
sin embargo, el acuerdo firmado el pasado martes por todos los integrantes de
la Cámara de Cuentas con el “objetivo de trabajar unidos en pro del
fortalecimiento institucional y la mejora continua”. La unidad es la más
poderosa arma para desarmar las pretensiones de intereses oscuros y coludidos.
Una decisión que sin duda respalda la sociedad.
No
obstante, debemos estar más que advertidos. No hay ningún interés moralizante
en las urdimbres políticas; eso es apariencia embustera. Lo que se busca es
trastornar la gobernabilidad de la institución u obstruir las investigaciones
especiales y las auditorías en curso o por realizarse. Este es un despropósito
que debe ser denunciado sin reparar en las interpretaciones. Que lo sepa el
país… Fuente: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2022/09/21/que-pasa-en-la-camara-de-cuentas/2079714
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