SANTO DOMINGO. - Con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economÃa nacional e internacional, el Decreto 396-21 establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehÃculos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.
Entre las medidas que destacan
está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes
oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de
boletos aéreos.
De igual manera quedan
prohibidas las compras de vehÃculos de motor, excepto aquellos utilitarios que
sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean
asignados y debidamente autorizadas.
Igualmente, solo se
autorizarán exoneraciones y exenciones de vehÃculos según lo establecen las
correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud
relacionada, que no tenga su base en alguna ley.
En cuanto a los vehÃculos
oficiales, queda prohibido su uso durante fines de semana y dÃas feriados.
Por otra parte, el Decreto
396-21 también busca racionalizar el uso del recurso humano asignado a
instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los Ministros de Defensa e
Interior y PolicÃa realizar una profunda revisión del personal policial y
militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros
dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar
su distribución.
Además, queda prohibido el uso
de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con
claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República,
ministros de Defensa e Interior y PolicÃa, director general de la PolicÃa
Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los
cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.
En el caso especÃfico de la
PolicÃa Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y
funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la
implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad
Ciudadana “Mi PaÃs Seguro”.
La responsabilidad del
seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a
cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de
Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto
y la ContralorÃa General de la República.
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