Santo Domingo. - La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), la Alcandía de San Cristóbal y las juntas distritales de Hatillo y Hato Damas suscribieron un convenio mediante el cual se comprometieron a formular un plan de ordenamiento territorial en estas localidades, en base a sus características particulares de cada una.
El
acuerdo fue firmado por el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; el titular
del MEPyD, Pavel Isa Contreras; la directora del CEPAE, Carmen María Pérez
Sánchez; el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, así como los
directores de Hatillo y Hato Damas, Esperanza Ramírez y Daniela Alcantara
Castillo, respectivamente.
El
convenio tiene como objetivo establecer las referencias normativas que permitan
a los gobiernos locales de las citadas demarcaciones, ejercer sus facultades
para ordenar los asentamientos humanos en su territorio.
También
formular y administrar la determinación de las áreas que integran y delimitan
la zonificación urbana a través de la aplicación de las disposiciones
específicas, tomando en cuenta factores de riesgo y consideraciones de cambio
climático, para ponerlas en marcha.
Mediante
el acuerdo, y de conformidad con su Programa de Responsabilidad Social en las
provincias donde están los complejos hidroeléctricos, la EGEHID se comprometió
a aportar, para fines de gastos propios del proceso la suma de US$208,000.00) o
su equivalente en pesos dominicanos, para ser administrados por el CEPAE en estas
tareas.
En
el marco de la firma del acuerdo, EGEHID entregó un avance equivalente al 30%
del valor total. El resto de los pagos se harán por cubicaciones de los
trabajos.
Las obligaciones de los firmantes
Para
la consecución de los objetivos indicados, el CEPAE se comprometió a aportar
toda su experiencia social, comunitaria y de manejo de procesos colectivos de
crecimiento ciudadano.
Además,
plantear la prospectiva territorial, mediante las cuales se definan la visión
del plan, sus objetivos y lineamientos, las alternativas de zonificación y el
modelo de ocupación coherentes con la visión de desarrollo establecida en los
Planes Municipales de Desarrollo.
Entre
otros aspectos, realizar la cartografía georreferenciada y base de información
geográfica necesaria, que servirá para una adecuada clasificación y
calificación del suelo en el territorio de cada gobierno local, tales como
huella urbana, red vial, espacios públicos y áreas verdes, áreas productivas,
servicios e infraestructura, entre otros que puedan surgir de los estudios del
territorio.
En
tanto que el MEPYD, como órgano rector, se comprometió a intervenir como veedor
institucional de todo el proceso descrito en este acuerdo, además de revisor
último de los productos y subproductos entregados por CEPAE.
De
igual forma se compromete a apoyar los procesos de participación, incluyendo
los aspectos logísticos de la organización de los foros previstos en la
metodología y plan de trabajo, y la identificación de personas y colectivos
invitados a formar parte de dichos foros.
Mientras
que los gobiernos locales se comprometieron a asumir la implementación del Plan
de Ordenamiento Territorial resultante de la ejecución de este convenio.
También
se comprometen a ejercer sus respectivos liderazgos institucionales en todo el
proceso, así como la orientación estratégica del proyecto.
El
acuerdo establece la conformación de una comisión de veedores, la cual está integrada
por Pura Casilla, gobernadora de la provincia de San Cristóbal; Gustavo Lara
Salazar, senador, y Jose Francisco Martich, en representación del Plan
Estratégico de San Cristóbal.
Los
veedores se encargarán de dar seguimiento y velar por la consecución de las
iniciativas y objetivos enmarcados en el acuerdo, tendrán un papel activo y
podrán celebrar periódicamente reuniones que permitan diseñar, evaluar y dar
seguimiento a las líneas programáticas derivadas del pacto.
El
acuerdo tendrá una vigencia de diez meses, contados a partir de la fecha de
suscripción, el cual podrá ser prorrogado por igual cantidad de tiempo siempre
que se verifique el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos.
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