Santo Domingo,04/05/2023. - El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este miércoles en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, el proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia que crea el Ministerio de Justicia.
Se recuerda que esta
iniciativa fue anunciada por el propio presidente Luis Abinader, el pasado 26
de octubre de 2022, durante el acto conmemorativo del 32° aniversario de
FINJUS. Desde ese momento, desde el Poder Ejecutivo se coordinaron varias
rondas de diálogo con los órganos del sistema de justicia y otras instituciones
públicas, las escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los
representantes de gremios empresariales y la organización civil organizada, así
como con un amplio grupo de abogados especialistas.
En su parte central, el
proyecto crea y organiza la estructura y funciones del Ministerio de Justicia,
el cual se configura como un órgano de planificación, dirección, coordinación y
ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al
Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de
Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y la
Administración Pública, junto con la coordinación del Sistema Nacional de Derechos
Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.
El consultor jurídico del
Poder Ejecutivo manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad
institucional que el país arrastra desde hace años de delimitar las
atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, con
respecto a ciertos servicios meramente funcionales y administrativos, tales
como la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los
tribunales y órganos de investigación, al igual que el registro y la
certificación de documentos oficiales y notariales, funciones todas que
deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, como es el
Ministerio de Justicia.
Agregó que dicho Ministerio
formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años
de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de
la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la
promulgación de la Ley núm. 485, el 10 de diciembre de 1964, última ocasión en la
que se suprimió la referida institución.
De su lado, el presidente de
la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco definió este proyecto como importante y
trascendental.
Consideró que el proyecto de
ley que crea el Ministerio de Justicia cambiará la situación de ciertos
aspectos que le son otorgados a la Procuraduría General de la República.
Acompañó al consultor jurídico
parte del equipo que participó en la elaboración del proyecto de ley,
incluyendo el subconsultor jurídico Pedro Montilla Castillo; el director de
proyectos jurídicos especiales del Poder Ejecutivo, Noel Sued Canahuate, y la
abogada Vianca Castillo.
Reintroducción del proyecto de
ley contra la ciberdelincuencia
Los representantes de la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo también depositaron ante la Cámara de
Diputados la nueva versión del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia,
cuyo objeto es lograr la prevención, persecución y sanción de los delitos
cometidos en detrimento de los sistemas que utilizan tecnologías de la
información y comunicación, así como los cometidos mediante el uso de tales
tecnologías en contra de personas físicas o jurídicas.
Se recuerda que el Poder
Ejecutivo retiró de la Cámara de Diputados una primera propuesta del proyecto
de ley, el pasado 4 de julio de 2022, con el propósito de que fuera estudiada
por la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación
sobre la libertad de expresión, creada mediante el Decreto núm. 333-22.
La referida comisión recomendó
eliminar de la versión original los artículos 17, 18 y 19, referentes a los
ciberdelitos de discriminación, difamación e injuria, los cuales efectivamente
quedaron fuera de la versión reintroducida el día de hoy.
Esta pieza legislativa
derogaría de manera total la Ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta
tecnología, la cual regula la materia en el presente.
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