El procurador adjunto Wilson Camacho destaca que avanzaron hasta la página 234 de la presentación de la acusación
SANTO DOMINGO. - Al continuar este viernes con la lectura de la acusación del Caso Antipulpo durante la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público sostuvo que la investigación de este proceso evidenció una serie de acciones delictivas en la administración y manejo de los activos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
El
procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que siguen
avanzando con la presentación de la acusación de este proceso.
“Seguimos
en la presentación de la acusación de la Operación Antipulpo. En el día de hoy
hemos avanzado hasta la página 234 y se ha presentado dentro de los hechos la
afectación a instituciones como el Fonper que se presentó de manera completa y
estamos en este momento presentando la afectación al Ministerio de Salud
Pública”.
Adelantó
que, durante la continuación de la audiencia, el próximo lunes, expondrán sobre
el impacto negativo de la corrupción del entramado delictivo en la remodelación
de los hospitales públicos.
Wilson
Camacho ofreció la información a periodistas de la fuente judicial luego de que
concluyera la audiencia donde representó al Ministerio Público junto a la
procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así
como Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y
Yoneivy González.
Según
hace constar el Ministerio Público en la acusación, los hechos ocurridos en el
Fonper de acuerdo a la legislación vigente en el país son catalogados como
crímenes, recayendo la responsabilidad sobre los exfuncionarios Fernando Rosa y
Carmen Magalys Medina Sánchez, expresidente y exvicepresidenta de esa
institución, respectivamente.
Señala
que ambos, como parte de una asociación para delinquir, se coalicionaron en su
condición de presidente y vicepresidenta del Fonper.
Detalla
que las maniobras empleadas desde ese órgano que permitieron la contratación de
manera irregular de las empresas vinculadas al entramado societario de Juan
Alexis Medina Sánchez, principal imputado del caso, evidencian una serie de
delitos cometidos por los acusados, que comprometen su responsabilidad penal.
El
amplio expediente destaca que entre los años 2012 al 2020, en el Fonper,
presidido por Fernando Rosa, se incrementó la nómina de empleados nombrando un
total de 202 personas que solo cobraban un salario, pero que no prestaban
ninguna función para la institución, pagando por concepto de nómina fraudulenta
un total de RD$259,515,725.
Precisa
que las publicaciones de las nóminas que se hacían en el portal institucional
eran falseadas y solo se subían a dicho portal las nóminas de las personas que
efectivamente prestaban funciones en la institución, obviando aquellas 202
botellas existentes, en franca violación a la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública No. 200-04.
Resalta
que los hechos quedan evidenciados mediante el Informe de Investigación
Especial realizado por la Cámara de Cuentas al Fonper.
Detalla
que el mismo esquema se verificaba en el personal militar que fungía como
seguridad, encontrándose 37 personas designadas en esas funciones, de los
cuales no se verifica evidencia de haber prestado ningún servicio, ya que ese
personal no figura en los controles asignados a los servicios diarios. Refiere
que esas “botellas militares” le costaron a la institución y al país
RD$26,490,670.00.
Ambos
imputados, entre otros delitos, además son acusados de incurrir en nepotismo al
emplear en la institución a personas con los que tenían vínculos directos de
familiaridad, los que percibían altos salarios y otros tipos de compensaciones
laborales.
También,
se les atribuye realizar desfalco disfrazado de ayudas y proyectos sociales,
así como de contratar empresas auditoras sin aprobación previa del consejo de
directores y uso de los fondos con fines contrarios a la ley.
Respecto
al Ministerio de Salud Pública, bajo la dirección de Freddy Hidalgo, se señalan
acciones fraudulentas en las compras de medicamentos y material gastable que
serían utilizados en un operativo médico de la Semana Santa 2013, registrándose
una distracción del patrimonio público en beneficio de dos de las empresas del
acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
En
esta fase de la audiencia preliminar, el juez Deiby Timoteo Peguero, del
Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la acusación
del Ministerio Público en contra de los procesados de la Operación Antipulpo.
La
audiencia, celebrada por razones de espacio en la Sala del Primer Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo lunes 17 de octubre, a
partir de las 9:00 de la mañana.
El
caso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, así como
de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos en un extenso
expediente por corrupción y lavado de activos que consta de 3,445 páginas.
El
proceso también se sigue en contra de José Dolores Santana Carmona y Wacal
Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director
general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher.
La
acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, el ex
contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Igualmente,
están involucrados Carlos Montes de Oca y Paola Mercedes Suazo.
El
Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas
General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc.
Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
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