SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este miércoles que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes para que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantenga las medidas de coerción impuestas al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, así como a los demás imputados por corrupción del Caso Medusa.
“El Ministerio Público ha
depositado ante el tribunal presupuestos que son la consecuencia de la propia
evolución de la investigación, que serán más que suficientes para que este
tribunal mantenga todas y cada una de las medidas que se han impuesto hasta
ahora”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca) a periodistas que le abordaron en el Palacio
de Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza Solange Raquel
Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó
para el próximo 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la
revisión de la medida de coerción al exprocurador Rodríguez y a los demás
implicados del Caso Medusa.
Camacho explicó que la
audiencia de este miércoles se aplazó a solicitud de la defensa, la cual pidió
al tribunal que sean comunicado los presupuestos nuevos aportados por el Ministerio
Público para el conocimiento de esta revisión obligatoria de medida de
coerción.
Desde julio pasado el
exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto,
Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18
meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres, en
San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional.
Recientemente el Ministerio
Público logró que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi
Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, acogieran su petición y le ratificaran la prisión preventiva impuesta
al exprocurador Rodríguez y a Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la
Información y la Comunicación de la Procuraduría.
En el caso figuran como
coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén
Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le
fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a
través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación
periódica.
Tras ser cuestionado sobre la
solicitud de extradición de Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete
del procurador Rodríguez arrestado en España la pasada semana, el titular de la
Pepca dijo que ya realizaron el trámite para que el imputado sea retornado a
República Dominicana.
“Como ustedes conocen, esa
persona está arrestada en España, ya se hizo el trámite de la solicitud, y va a
depender en consecuencia de la coordinación que se realice entre las
autoridades dominicanas y las autoridades españolas”, dijo Camacho, en
respuesta a los comunicadores.
Agregó que “nosotros esperamos
que esa persona esté en República Dominicana en el menor tiempo posible”.
El procurador adjunto explicó
que las herramientas que sirven de soporte al Ministerio Público para su
extradición son las convenciones internacionales. “Nosotros estamos convencidos
y vamos a lograr que esa persona venga a República Dominicana a responder por
sus hechos”, manifestó.
De acuerdo con la acusación
del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción
que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según
estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil
millones de pesos.
El órgano acusador les imputa
la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código
Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación,
asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de
infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y
que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos
5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por
haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y
sabotaje.
El Ministerio Público acusa al
grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre
Soborno.
El exprocurador Rodríguez y
sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios
artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo.
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