La fiscal Mirna Ortiz valoró
la decisión del tribunal de hacer que el imputado Adán Cáceres Silvestre y sus
abogados respeten las normas del Sistema Penitenciario
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió este viernes la solicitud del Ministerio Público y decidió mantener en prisión al coronel Rafael Núñez de Aza, procesado por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la Operación Coral.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que este viernes la justicia conoció dos solicitudes de imputados del Caso Coral.
“Hoy estuvimos conociendo dos
solicitudes, una revisión a solicitud de partes, del imputado Rafael Núñez De
Aza, y una solicitud de peticiones del imputado Adán Cáceres con el objetivo de
tener acceso sus abogados al recinto penitenciario con mayores libertades”,
detalló Ortiz, al responder preguntas de representantes de los medios de
comunicación a la salida del tribunal.
En relación con Rafael Núñez
de Aza, quién solicitó una revisión de la medida de coerción de 18 meses de
prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación
Najayo Hombres, en San Cristóbal, dijo que “el tribunal ha entendido que no hay
lugar a variar la medida de coerción que pesa sobre este, que se mantiene el
peligro de fuga y que seguirá en prisión preventiva”.
En tanto que, sobre la
solicitud del mayor general Adán Cáceres, dijo que “lo que ha decidido el
tribunal es que este tiene que respetar las normas del recinto penitenciario,
que no puede existir ningún tipo de privilegio y que sus abogados tienen que
conducirse bajo las normas establecidas en el recinto penitenciario, ya que no
podemos tener normas exclusivas para imputados exclusivos”.
La coordinadora de Litigación
de la Pepca resaltó que los abogados siempre han tenido acceso a sus clientes.
“Así lo hicimos saber al tribunal, así lo expresa el informe que el sistema
penitenciario ha emitido en el que constan, incluso, las firmas de estos
abogados, todas las veces que han tenido acceso al sistema”, refirió.
Explicó que los representantes
legales quieren tener un acceso más allá de lo previsto por las normas, lo que
descartó, “porque el sistema penitenciario no tiene imputados preferidos”.
“Siempre las visitas en los
recintos penitenciarios deben ser supervisadas, por seguridad de los internos,
por seguridad de los abogados y de todas las personas del recinto. Lo que la
jueza le ha concedido es que esas visitas sean por mayor tiempo”, dijo, cuando
respondía preguntas de la prensa.
La fiscal Ortiz explicó que
dada la complejidad del caso y de las pruebas contundentes que ha presentado el
Ministerio Público, los abogados de Cáceres Silvestre requirieron más horas con
su representado. Dijo que, aunque la jueza concedió un espacio de tiempo más
prolongado, siempre será en igualdad de condiciones de los demás privados de
libertad y respetando las normas del sistema penitenciario.
En mayo pasado el Ministerio
Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de
prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy
Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete
Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el
sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que contra Raúl
Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de
seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión
en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en
San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del
caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
Al grupo se le acusa de
incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de
activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas
de fuego.
La Dirección General de
Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores
adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las
investigaciones.
El entramado criminal
desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial
(Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur),
principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público
estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones
fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles,
vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
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