SANTIAGO (República Dominicana).-La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el control del proceso en su contra, por su jurisdicción privilegiada.
Reynoso, quien encabezó el equipo de
litigantes junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y la
procuradora de corte Luisa Liranzo, explicó que el Ministerio Público informará
oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados una
vez solicite la designación del juez instructor a la Suprema Corte de Justicia.
“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Público bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó.
La responsable de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público recordó que desde que se inició
la Operación Falcón, el pasado martes, luego de meses de investigación, los
equipos de fiscales, de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) y de otros organismos de seguridad del Estado dominicano siguen en las
calles, las 24 horas del día, “haciendo decenas de allanamientos y operaciones
de investigaciones más con respecto a este proceso”.
El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó que
la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de Santiago, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida
de coerción contra 21 de los imputados en la red criminal para el próximo
viernes 17 de este mes, a las 10:00 de la mañana.
“La defensa ha reconocido la
complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal.
Necesita tiempo, espacio para trabajar en su defensa técnica y material, lo
cual el Ministerio Público entiende”, dijo.
El Ministerio Público “continuará
trabajando el caso en todas las líneas de investigación que vayan surgiendo
cada día”, reafirmó el fiscal de Santiago a los periodistas que abordaron al
equipo de fiscales al salir de la audiencia de este domingo.
Además de Reynoso, Bonilla Hiraldo y
Liranzo, a la audiencia subieron los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena,
Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García y
Enmanuel Ramírez.
La Directora General de Persecución
del Ministerio Público destacó que se trata de una investigación compleja, tal
y como lo evidencian los cientos de pruebas presentadas al tribunal, en la que
los fiscales llevan bastante tiempo y que “está fundamentada en pruebas que son
irrefutables”.
Detalló que al tribunal fueron
entregadas, incluyendo en formato electrónico, cientos de miles de páginas de
pruebas recabadas durante la investigación que llevó a la Operación Falcón, la
cual deberá quedar registrada en la historia de República Dominicana como uno
de los más amplios golpes contra el crimen organizado.
Reynoso resaltó que los fiscales
tienen bajo custodia una serie de bienes de toda naturaleza y que se han
ocupado en la operación contra la estructura de crimen organizado que tenía
como centro de operación la ciudad de Santiago, pero que tenía ramificaciones
en varios puntos del país, además de tener conexiones con Puerto Rico, Estados
Unidos y varios países de la Unión Europea.
En la operación Falcón participan más
de 60 fiscales, así como más de 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo
de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En el transcurso de las pesquisas se
han realizado más de 100 allanamientos, durante los cuales han sido ocupados
más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes
inmuebles y estaciones de combustibles.
Las investigaciones del Ministerio
Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba antes de 2012 y que
existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. Entre
República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron al menos 8,500 kilos de
cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus
operaciones delictivas.
Según estimaciones de las autoridades
nacionales e internacionales, los integrantes de la organización lavaron
cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que traficaron
cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico,
movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
La Dirección General de Persecución
del Ministerio Público explicó que los involucrados en la red de narcotráfico
desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha
operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones
criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Los integrantes de la red
adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego
de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de
altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y
empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas
políticas apoyando de manera directa a legisladores.
Para el desmantelamiento de la red
criminal, que traficó con toneladas de cocaína y que lavó al menos 10 mil
millones de pesos, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación
internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar
dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de
drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela,
hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental
de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas
rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
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