SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”, proclamó el procurador adjunto Wilson Camacho, ante el tribunal que conoce las imputaciones contra los acusados de recibir al menos US$92 millones en sobornos distribuidos en el país por Odebrecht.
“La corrupción es un cáncer, y es un cáncer que ha intentado adueñarse del cuerpo de este país, un cáncer que si ustedes no se comportan a la altura de su rol histórico hará metástasis y nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órgano por órgano”, dijo Camacho.
Sostuvo que, si las
autoridades dejan de asumir su rol histórico, “al fin, solo quedará un
esqueleto como recuerdo de lo que fuimos, como recuerdo de la desesperanza, una
muestra de irresponsabilidad histórica”.
“Si es mala la corrupción,
peor es la impunidad”, para proclamar “¡que no haya impunidad en el Caso
Odebrecht RD!”, añadió el titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante el Primer Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional que integran las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y
Jissel Naranjo.
Momentos después, al responder
preguntas de los periodistas, Camacho recordó que el Ministerio Público dejó
claramente probado la ruta del dinero de los sobornos que recibieron los
procesados del Caso Odebrecht, por lo que el tribunal tiene en sus manos
bastantes pruebas para condenar a los procesados.
“Hemos demostrado en el
tribunal, cómo el dinero se recibió en República Dominicana, cómo se recibió a
través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a
través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas,
incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor
Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris
que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado
invirtió ese dinero”, dijo.
Al mismo tiempo, el
representante del Ministerio Público recalcó “hay una realidad que la defensa
simple y llanamente no puede refutar, o sea, la ruta del dinero aquí está
claramente probada en el tribunal y hay evidencias suficientes para que este
tribunal dicte sentencia condenatoria”.
Destacó que “hay tan
suficientes evidencias, que ninguna de las defensas le dijo al tribunal que su
representado era inocente”. “Pretenden que el tribunal le dé una sentencia a
favor sobre la base de insuficiencia de pruebas, algo que no es real, porque,
repito, hay evidencias suficientes para que este tribunal dicte sentencia
condenatoria y eso es lo que espera el Ministerio Público”, sostuvo.
El tribunal suspendió la
audiencia hasta el próximo jueves 23 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en
la que las defensas se referirán a las réplicas del Ministerio Público.
Respecto a preguntas sobre la
abstención de presentación de réplica en el caso del imputado Juan Roberto
Rodríguez Hernández, el titular de la Pepca consideró que “lo que planteó
Roberto Rodríguez en su alegato de clausura no ameritaba réplica del Ministerio
Público, que con los alegatos que el Ministerio Público había presentado en su
discurso de cierre eran suficientes y lo hicimos, incluso, por economía
procesal”.
Confió en que cuando el
tribunal se retire a deliberar y valorar las evidencias que ha presentado el
Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.
Avanza en etapa final
El juicio continúa avanzando
en la última etapa, con la conclusión de los discursos de las partes respecto a
la acusación del Ministerio Público por los US$92 millones que entregó en
sobornos Odebrecht para beneficiarse en las licitaciones de unas 16 obras
gubernamentales en el país.
Desde las 9:00 de la mañana de
este martes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo
continuaron escuchando los alegatos de los abogados defensores del imputado
Pittaluga Arzeno, quienes concluyeron con su discurso alrededor de la 1:00 de
la tarde.
Posteriormente, después de un
receso, a partir de las 2:30 de la tarde, el Ministerio Público, representado
por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante
del Ministerio Público, inició con las réplicas sobre los discursos de cierre
de la defensa técnica de los encartados, excepto de la de Rodríguez Hernández.
Durante su intervención,
Camacho destacó las evidencias documentales y testimoniales con las que el
Ministerio Público demostró en el proceso los hechos imputados respecto a los
sobornos, destacando en ese sentido que el testigo Dantas (Mauricio Dantas
Bezerra) trazó la ruta del dinero.
Camacho ratificó las
conclusiones que presentó en el proceso y
solicitó al tribunal rechazar las conclusiones de la defensa, incluyendo
la solicitud de prescripción solicitada por la defensa de Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público ha
pedido al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel
Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como Víctor Díaz Rúa,
exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y
exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado
Pittaluga pidieron 7 años de prisión, mientras que condenas de 5 años de
reclusión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista
García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San
Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Igualmente, solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
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