Reafirmó que, para el lavado
de activos, el imputado realizaba transferencia de fondos fruto del soborno
desde las firmas Lashan y Conamsa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al iniciar este lunes con la presentación de sus alegatos de clausura en el juicio de fondo del Caso Odebrecht, que se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público mostró que el imputado Ángel Rondón Rijo constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.
En el inicio de la jornada, la fiscal Mirna Ortiz se apoyó en recursos audiovisuales para el desarrollo de sus alegatos que sustentan la acusación contra Rondón Rijo. Planteó que el imputado, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas.
Destacó que en las pruebas
correspondientes a los informes financieros aportadas por el Ministerio Público
se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías del procesado.
En su discurso de clausura,
Ortiz indicó que los vínculos políticos y sociales de Rondón le permitían
realizar las transacciones y las conexiones necesarias para la obtención de las
obras.
“Estos hechos no solo quedaron
demostrados con la oferta probatoria del Ministerio Público, consistente en la
prueba común 1.4, que son los datos de corroboración que fueron incorporados
por lectura en este tribunal, sino también que la propia prueba a descargo del
señor Rondón realiza esta afirmación al establecer que el señor Ángel Rondón
era próspero empresario, que tenía grandes vínculos políticos y sociales”,
señaló.
Agregó que vídeos proyectados
en el juicio muestran la próspera carrera y vida social y comercial en el que
se le ve con grandes figuras del orden político de distintos partidos y distintas personalidades del ámbito social,
lo que le permitió realizar las funciones para las cuales Odebrecht le había
requerido.
El Ministerio Público
estableció que la admisión de responsabilidad en la comisión de actos de
corrupción hecha por la empresa Odebrecht ante el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos no solamente encuentra su soporte en las declaraciones del
testigo Mauricio Dantas Bezerra, sino en las declaraciones de la testigo María
Eugenia Batista.
La fiscal Ortiz dijo que
durante la investigación el Ministerio Público obtuvo elementos que dan fe del
vínculo del imputado Ángel Rondón Rijo con los demás encartados en el proceso.
En el inicio de la jornada, la
fiscal Ortiz deploró los actos de corrupción administrativa, los cuales dijo
que impiden el desarrollo de áreas tan importantes como el servicio de la
salud.
Luego de que Ortiz finalizara
sus planteamientos respecto a Rondón Rijo, el fiscal Joel López continuó con la
exposición de la conclusión respecto a los sobornos entregados a Tommy Alberto
Galán Grullón.
El representante del
Ministerio Público dijo que el tribunal ha podido comprobar durante el juicio
cómo Galán Grullón fue aumentando sus ingresos de forma ilegítima.
Explicó, durante su
intervención, que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa
Odebrecht estaba en pleno apogeo, “cuando se estaban desarrollando las obras de
importancia que realizó esa compañía en el país”.
En la actual fase del proceso,
el Ministerio Público expone sus conclusiones respecto a la acusación
presentada en contra del representante empresarial Ángel Rondón Rijo y el
abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exministro de
Obras Públicas y director del Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Roberto Rodríguez
Hernández, también exdirector del Inapa; Porfirio Andrés Bautista García,
expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San
Cristóbal.
Les imputa haber participado
en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora
brasileña admitió haber entregado en el país con el fin de ser favorecida con
la adjudicación de grandes obras estatales.
Las juezas Esmirna Giselle
Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron este lunes la reanudación del
juicio, luego de que fuera suspendido el pasado 15 de julio para dar tiempo a
las partes de preparar sus discursos de clausura.
Luego de un receso al mediodía, la audiencia continuaba su desarrollo en horas de la tarde de este lunes 26 de julio.
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