La entidad de defensa de los derechos de los consumidores entiende que existen culpables de las muertes por omisión, tanto del sector público como del privado: en el sector público solo se dedican a informar las estadísticas sin mayores consecuencias, y el sector privado se ha prestado a la venta y distribución de las bebidas contaminadas con Metanol, lo que ha ocasionado la muerte de más de 300 personas desde el año pasado hasta la fecha.
Para llevar a cabo la acción ante los tribunales, ONPECO requiere que
los familiares de las víctimas apoderen a la institución con el suministro de
los datos de los fallecidos, la fecha en que ocurrieron los hechos y los
lugares donde adquirieron las bebidas.
La institución pone a la disposición de los familiares a su equipo de
abogados y ofrece los medios digitales para la comunicación con la institución
a través de la página www.Onpeco.org.
En otro orden, ONPECO solicita a las autoridades de los ministerios de
Salud Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la regulación de la
venta de Metanol, mediante un registro que deben llevar los distribuidores
legales del producto a quienes lo venden y donde se identifique, con el nombre,
el número de cédula, el RNC, el nombre de la empresa, el registro industrial,
la dirección donde opera y el propósito de uso del indicado químico.
Este registro se logra mediante un formulario físico y digital que
deberán elaborar las referidas autoridades, no solo para la venta de metanol,
sino de otras sustancias como el ácido sulfúrico, utilizado como base para la
fabricación del conocido popularmente como “acido del diablo”, entre otras
sustancias abrasivas y peligrosas que representan amenaza para los ciudadanos
en su relación con el mercado, que son los consumidores.
La República Dominicana cuenta con legislación sobre las sustancias
químicas cuyas características impacten adversamente la salud humana, la
seguridad y al medio ambiente, referentes a la gestión y al etiquetado e
Información de Riesgo y Seguridad de los materiales peligrosos; además, el país
es signatario del Convenio de Rotterdam, tratado internacional en el ámbito de
la gestión de productos químicos peligrosos.
ONPECO reitera que debe crearse una alianza entre las entidades citadas
precedentemente, para sacar del mercado las bebidas falsificadas, como la mejor
manera de reducir la mortalidad por el uso y abuso de estas; y como mecanismo
de control para evitar recurrencia en esta engañosa y criminal práctica.
Además, la Dirección General de Aduanas y demás organismos reguladores, deberán
tomar medidas permanentes de control, de inspección y vigilancia para evitar la
internación ilegal en el país del metanol y otras sustancias químicas
peligrosas.
Las acciones colectivas están previstas en nuestra legislación cuando
son afectados los derechos colectivos y difusos que afectan a los ciudadanos.
En nuestra cultura jurídica no es muy usada, pero sí puede ser invocada y
tenemos como antecedentes las acciones que prohibieron el uso del “rockash”,
depositado en Samaná en el año 2004, y con el fallo en contra de la cementera
que se pretendía instalar en los Haitises.
Las falsificaciones de bebidas alcohólicas afectan severamente a la
población, ponen en riesgo la vida de los jóvenes y personas que pretenden
divertirse y en cambio encuentran la muerte.
ONPECO es un observatorio integrado por un colectivo de profesionales voluntarios, presidido por Altagracia Paulino, exdirectora de Pro Consumidor. Además, participan otras organizaciones asociadas de defensa de los derechos fundamentales como el acceso universal a la salud y la defensa y seguridad en el consumo.
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