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Madrid, España. - La inminente aprobación en España de
una ley que prohibirá a los menores de 16 años abrir cuentas en redes sociales
ha encendido un debate que trasciende lo jurídico y lo pedagógico. La medida,
que sigue la senda de Australia y que planean replicar Francia y Portugal,
coloca en el centro de la discusión la relación entre infancia, tecnología y
responsabilidad pública.
Las ventajas de las redes sociales en la
infancia
Las redes sociales no son únicamente un
espacio de riesgo. Para muchos adolescentes representan:
- Acceso a información y aprendizaje:
permiten descubrir intereses, seguir temas de actualidad y participar en
comunidades educativas.
- Conexión social: facilitan la
comunicación con amigos y familiares, especialmente en contextos de distancia
geográfica.
- Expresión personal y creatividad:
ofrecen un escaparate para proyectos artísticos, opiniones y talentos.
- Empoderamiento digital: bien
acompañadas, pueden ser una herramienta para aprender sobre privacidad,
pensamiento crítico y autocuidado en línea.
En este sentido, especialistas en
educación insisten en que apartar a los menores de la tecnología no es la
solución, sino enseñarles a usarla con criterio.
Los riesgos y desventajas
Sin embargo, los peligros son evidentes
y cada vez más documentados:
- Problemas de salud mental: ansiedad,
depresión, dismorfia corporal y adicciones digitales.
- Exposición a riesgos: acoso, bullying,
contenidos inadecuados y pérdida de privacidad.
- Arquitecturas adictivas: algoritmos,
filtros y notificaciones diseñados para captar atención y prolongar el tiempo
de uso.
- Desigualdad y vulnerabilidad: menores
sin supervisión adulta o en entornos inestables son más propensos a sufrir
consecuencias negativas.
- Impacto en la autonomía: algunos
expertos advierten que el exceso de control puede limitar la capacidad de
aprendizaje responsable y la formación de criterio propio.
La abogada de familia Delia Rodríguez
defiende que la prohibición responde al principio del interés superior del
menor y busca salvaguardar derechos fundamentales como la intimidad y la
integridad psíquica. Para ella, la regulación aliviará la presión que sienten
muchos padres en la “carrera social” por entregar el primer móvil.
La mirada pedagógica
En contraste, la pedagoga Mercedes Gil
considera que prohibir no forma ciudadanos críticos, sino usuarios obedientes.
Advierte que los sistemas de verificación de identidad pueden derivar en
infraestructuras de control que afecten a toda la población. Para Gil, el
núcleo del problema no es la existencia de las redes sociales, sino la ausencia
de una alfabetización digital sólida: enseñar privacidad, pensamiento crítico,
gestión emocional y autocuidado digital.
El dilema regulatorio
Ambas voces coinciden en un punto
esencial: la necesidad de políticas públicas integrales. Rodríguez subraya
fenómenos como el sharenting y los menores influencers, mientras Gil reclama
una actualización profunda del sistema educativo acorde al siglo XXI.
La pregunta de fondo es si prohibir el
acceso a redes sociales hasta los 16 años resolverá los problemas o si, por el
contrario, se trata de una solución políticamente sencilla pero pedagógicamente
insuficiente. Lo cierto es que el debate abre un capítulo crucial sobre cómo
equilibrar la protección de la infancia con el derecho a la información y la
formación en un mundo cada vez más digitalizado.
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