San Cristóbal, Por Julio César García. – El accionar del gobierno para consensuar una reforma fiscal se seguirá encontrando con grandes escollos que deberán superar si pretenden que esta sea efectiva.
Hablar
de más impuestos en un país donde no se observan medidas claras desde la
administración estatal para corregir los errores evidentes de la política
económica nacional es, y será, un reto difícil de superar para el gobierno.
Resulta especialmente complicado cuando no se perciben esfuerzos serios para
mejorar la eficiencia del gasto público o eliminar privilegios injustificados.
Pretender
cargar a quienes menos tienen con más impuestos es, desde una perspectiva
humanista, una injusticia. Los más poderosos, aquellos que habitualmente evitan
pagar lo que les corresponde, simplemente transfieren el costo fiscal a los que
se encuentran en los niveles más bajos de la cadena de consumo. Esta situación
no solo perpetúa la desigualdad, sino que también socava la legitimidad del
sistema fiscal.
El
gobierno debe explorar otras fuentes de ingresos para sostener los gastos del
Estado dominicano, y estas fuentes existen. Un punto de partida sería eliminar
las exoneraciones fiscales a sectores privilegiados, tales como los deportistas
de élite, artistas, políticos (diputados, senadores, miembros del cuerpo
consular), iglesias, y organizaciones no gubernamentales que no actúan
directamente en áreas como la salud o la educacion. Estas exenciones
representan una carga innecesaria para el fisco y benefician a quienes menos lo
necesitan.
Además,
existen fuentes de ingresos más justas que no afectarían de manera tan directa
a los sectores más vulnerables. Un ejemplo claro sería la instalación de
medidores para el consumo de agua en todo el territorio nacional, con tarifas
ajustadas al nivel de consumo: que pague más quien más consuma. Este tipo de
medidas no solo incentivaría un uso más responsable del recurso, sino que
generaría ingresos adicionales para el Estado.
En
cuanto al presupuesto hospitalario, se podrían reducir los gastos cobrando por
los servicios a usuarios indocumentados o residentes ilegales en el país,
quienes, al no contribuir formalmente al sistema, deberían aportar de alguna
manera. El sistema público de educación también requiere una revisión profunda,
y se podría plantear el cobro de una cuota a los estudiantes extranjeros
indocumentados, ajustada a sus posibilidades.
Otros
subsidios y exenciones que se mantienen desde tiempos pasados también deben
ser reevaluados. Muchas de estas medidas fueron concebidas en un contexto
especial, pero se han prolongado innecesariamente, transformándose en
privilegios injustos.
Por
otro lado, se podría implementar un impuesto especial sobre tierras sin uso, solares
baldíos, viviendas abandonadas y locales comerciales dedicados exclusivamente a
juegos de azar o a la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Este tipo de
gravamen no solo incentivaría un uso más eficiente de los recursos, sino que
contribuiría a la recaudación sin impactar a los sectores más desfavorecidos.
Las
alternativas existen. La verdadera cuestión es si los políticos gobernantes
tendrán la voluntad de explorarlas y de aplicar las cargas impositivas a
aquellos que más pueden contribuir, protegiendo así a los sectores más
vulnerables y creando un sistema fiscal más justo y equitativo.
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