SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Arrestados por corrupción en la Operación Medusa han intimidado desde las cárceles a varios de los más de cien testigos que presentará el Ministerio Público en el proceso, reveló esta noche el procurador adjunto Wilson Camacho.
El titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca) se refirió al tema al externar su confianza en la decisión de la jueza
que conoce la prórroga solicitada por el Ministerio Público. “Incluso, está
sustentada (la petición) en que varios de esos testigos en la medida en que los
hemos ido interrogando han informado al Ministerio Público que han sido
intimidados, algunos, incluso, llamados desde las cárceles para que no ofrezcan
cooperación al Ministerio Público”, dijo.
Detalló que el Ministerio
Público tiene bajo investigación a varios imputados por la intimidación a
testigos, razón por la que se abstuvo de ofrecer mayores detalles a los
periodistas que lo abordaron al salir de audiencia.
La jueza Altagracia Ramírez
de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,
continuará conociendo el próximo martes 29 de marzo, a las 2:00 de la tarde, la
revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al imputado Jean Alain
Rodríguez Sánchez, ex procurador general de la República, y a Javier Alejandro
Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación
del Ministerio Público, ambos imputados del Caso Medusa.
El tribunal también conoce
la solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar la acusación
formal contra los involucrados en el caso.
Camacho confió en que la
jueza Ramírez de la Cruz mantendrá las medidas impuestas a los imputados porque
los presupuestos se mantienen, con lo cual descartó que exista razón alguna
para que un tribunal decida variarlas.
“Lo que resta al Ministerio
Público en la próxima audiencia es una contrarréplica y nosotros utilizaremos
el plazo razonable para hacerlo”, explicó Camacho a los periodistas.
Camacho participó en la
audiencia junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público, así como la
procuradora de corte Mirna Ortiz y varios integrantes del cuerpo de fiscales
que trabajan en el caso contra el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás
integrantes de la red de corrupción administrativa enfrentada con la Operación
Medusa.
La noche de este miércoles
la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz ordenó un receso de la audiencia hasta
el próximo martes 29 de marzo, a las 2:00 de la tarde, donde el Ministerio
Público dispondrá de 15 minutos para motivar un pedimento específico de uno de
los miembros de la defensa.
El exprocurador es
procesado junto a varios funcionarios de su gestión al frente del Ministerio Público
en el período del 2016 al 2020.
El exprocurador Rodríguez
Sánchez, Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director
administrativo del Ministerio Público cumplen cumplen 18 meses de prisión
preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte
Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los
ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia
Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de
Contabilidad.
El proceso también se sigue
contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía
económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía
aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez
Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a
República Dominicana.
El expediente del Caso
Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que
operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones
preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las
pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los
encartados, varios de los cuales con prisión preventiva y domiciliaria han
fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las
medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su
libertad.
El órgano persecutor de la
corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124,
166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la
coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa
contra el Estado, entre otras normas.
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