El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que el tribunal se avocó a conocer la revisión de la medida y que en ese conocimiento evaluó los presupuestos nuevos que aportó el Ministerio Público y encontró la base probatoria necesaria para mantener la coerción.
“Como hemos dicho y así lo ha verificado el tribunal, que eran pruebas suficientes para mantener las medidas de coerción que han sido impuestas y así lo ha decidido el tribunal, en base a la gravedad de los hechos que se imputan en esta investigación que tienen delitos como sabotaje, en violación a la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos”, dijo.
Sostuvo que la gravedad de esos hechos y los presupuestos que ha aportado el Ministerio Público, ligado a la deficiencia probatoria de los argumentos presentados por las defensas, han llevado al tribunal a la confirmación de las medidas de coerción de esta operación Medusa que se conocieron en el día de hoy.
Al ser abordado por periodistas de diversos medios de comunicación, explicó que “los resultados de la audiencia en el día de hoy habría que verlos en dos vertientes, un primer momento en el que el tribunal indicó a los imputados Rodríguez Sánchez y Javier Forteza que no le correspondía la revisión de la medida de coerción en el día de hoy como consecuencia de que su medida había sido confirmada recientemente por la Corte de Apelación del Distrito Nacional”.
En ese sentido, dijo con relación a esos dos imputados, que la revisión de su medida de coerción será el 8 de diciembre del presente año.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le confirmó las medidas de coerción a los demás imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022.
El pasado 13 de octubre la magistrada Vásquez dispuso el aplazamiento de la medida para este viernes, luego de acoger una solicitud de la defensa de los encartados, para conocer los nuevos presupuestos aportados por el Ministerio Público para el conocimiento de esta revisión obligatoria de la coerción.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez Sánchez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el transcurso del proceso el Ministerio Público logró que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogieran su petición y ratificaran la prisión preventiva impuesta al exprocurador Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, durante el conocimiento de un recurso de apelación interpuestos por los acusados.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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