SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este lunes la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado por el Ministerio Público de ser parte del entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.
El procurador adjunto Wilson
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que jueces de distintas instancias
ratifican como correcta la prisión preventiva como medida de coerción contra
Adán Cáceres y certifican la solidez de la investigación y la acusación
presentada por los fiscales.
“Ocho jueces han dicho que el
proceso que ha presentado el Ministerio Público en contra de Adán Cáceres es un
proceso blindado”, recalcó Camacho, al responder preguntas de los periodistas a
la salida del tribunal ubicado en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de
los Héroes.
Los jueces Doris Pujols,
presidenta, Carmen Mancebo y Rafael Vásquez, quienes integran el tribunal de
alzada, decidieron mantener en prisión al encartado al conocer un recurso de
apelación interpuesto por sus abogados.
En mayo pasado el Ministerio
Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de
prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy
Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete
Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el
sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que contra Raúl
Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de
seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión
en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en
San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la
investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
Los imputados son procesados
por incurrir en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado
dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos,
lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal
de armas de fuego.
La Dirección General de
Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores
adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las
investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
El procurador adjunto Wilson
Camacho representó al Ministerio Público junto a la coordinadora de Litigación
de la Pepca, Mirna Ortiz, en la audiencia en la que la corte ratificó la
prisión preventiva a Cáceres Silvestre.
El entramado criminal desmantelado
con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público
estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones
fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y
propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
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