SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentará 42 testigos y más de 700 pruebas documentales durante el proceso judicial por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, que tiene entre otros imputados a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), informó este lunes el fiscal José Miguel Marmolejos.
Tras concluir la jornada de
este lunes en el juicio preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de
Instrucción del Distrito Nacional, el fiscal adscrito a la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó
que el Ministerio Público avanza con la lectura de la acusación y que ya
comenzó con la presentación de las pruebas.
“Vamos avanzando con lo que es
la presentación de la acusación del Ministerio Público, tal y como esperábamos.
Tenemos 42 testigos, 42 pruebas testimoniales y más de 700 pruebas
documentales”, detalló.
El juez Juan Francisco
Rodríguez Consoró, por lo avanzada de la hora, dispuso el aplazamiento de la
audiencia para el próximo lunes 18 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
Tras varios aplazamientos, el
órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de
la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del
Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo
Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas.
Los representantes de la Pepca
han destacado durante el proceso judicial que Leoncio Almánzar, exdirector de
la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente a
cambio de un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra
localizado el sector Los Tres Brazos.
Además del exdirector de
Corde, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente
inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y
Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
También, cuentan entre los
procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones
Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones
Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa
Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Además, José Enrique de Pool
Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria
Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así
como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del
imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al
exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también
acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L.
(Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y
Teknowlogic Dominicana S.R.L.
Los fiscales que representan
al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado
dominicano.
La acusación señala que los
citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento
jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano,
vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios
agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la
calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal
Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
.jpeg)
.jpeg)
0 Comentarios