Firma convenio con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y las entidades que agrupan a profesionales de la conducta
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La procuradora general, Miriam Germán Brito, reafirmó la disposición del Ministerio Público de garantizar el acceso a servicios integrales de los privados de libertad y rubricó un acuerdo de cooperación interinstitucional para la habilitación de unidades de salud mental en los centros penitenciarios.
Germán Brito firmó el convenio
con Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y Marisol
Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El
documento había sido rubricado por Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes,
ministro de Salud Pública, y Mario Andrés Lama Olivero, director del Servicio
Nacional de Salud.
En el acto, realizado en el
despacho de Germán Brito, estuvieron presentes el procurador de corte Jonathan
Baró Gutiérrez, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios del
Ministerio Público; la coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda
Patricia Lagombra Polanco, y el director de Prisiones, Roberto Hernández
Basilio.
Germán Brito agradeció a las
entidades participantes en el proyecto, por su aporte a la estabilidad física y
emocional de las personas privadas de libertad.
“La actual situación de
pandemia ahonda aún más los sufrimientos que puedan experimentar las personas
privadas de libertad, por lo que agradecemos a cada institución y a cada una de
las personas que han intervenido para este acuerdo, por sus aportes para la
salud mental de la población penitenciaria y sus familiares”, dijo.
Con esta alianza estratégica,
el Estado dominicano reafirma su misión de garantizar el acceso equitativo a
servicios integrales de salud con calidad para satisfacer las necesidades de la
población, con énfasis en grupos prioritarios, como son las personas privadas
de libertad con enfermedades o trastornos mentales.
El objetivo de esta coalición
por la salud mental de las personas privadas de libertad es instalar unidades
de intervención en crisis y garantizar las atenciones especializadas que
requieren aquellos afectados por enfermedades o trastornos psicológicos.
La acción se inscribe en el
marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia
médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales
contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.
En el texto consensuado, el Ministerio Público se compromete a disponer del espacio físico donde funcionarán las Unidades de Salud Mental (USM) en cada centro y a contratar el personal de apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
Las primeras dos se instalarán
en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres,
en San Cristóbal, que están bajo la responsabilidad del Modelo de Gestión
Penitenciaria.
Solo el Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria cuenta con unos 500 privados de libertad con diagnósticos
de enfermedades y trastornos mentales y que reciben el tratamiento médico
correspondiente.
El Ministerio de Salud
Pública, por su lado, se compromete a proporcionar el mobiliario de las USM,
así como los insumos hospitalarios necesarios para su puesta en funcionamiento
e implementar, a través de su Departamento de Salud Mental, los protocolos y
guías de atención para los privados de libertad que recibirán los servicios.
El Servicio Nacional de Salud
coordinará con el Ministerio Público las evaluaciones para la contratación del
personal requerido para el funcionamiento de las USM, entre los cuales deberán
incluirse cuatro médicos psiquiatras, tres psicólogos y tres profesionales de
enfermería.
El Colegio Dominicano de
Psicólogos llevará a cabo las capacitaciones y formación continua, en
coordinación con la Escuela Nacional Penitenciaria, del personal que laborará
en las Unidades de Salud Mental y brindará acompañamiento en su puesta en
funcionamiento, además de velar por el cumplimiento de los principios éticos
que regulan la práctica.
La Sociedad Dominicana de
Psiquiatría colaborará con las demás entidades en el reclutamiento, selección y
formación de médicos psiquiatras para desempeñar las funciones en las unidades
y apoyar al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública en la
elaboración y actualización periódica de los manuales, guías y protocolos de
atención a ser utilizados en las referidas unidades.
El acuerdo interinstitucional
se sustenta en el artículo 3, literal g, de la Ley de Salud Mental (12-06), que
establece que el Ministerio de Salud Pública deberá “articular políticas y
actividades de salud mental con las autoridades penitenciarias para proteger a
las personas que padecen o han padecido enfermedades mentales y se encuentran
en establecimientos carcelarios”.
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