SANTIAGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público está preparado para aportar más de 350 pruebas durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
“A pesar de que la defensa
hizo varios intentos fallidos para impedir que el Ministerio Público presentara
su solicitud, hoy hemos logrado iniciar con la presentación de los hechos.
Estos hechos están vinculados a imputación de tráfico internacional de drogas,
tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas”,
explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca).
En ese mismo orden, dijo que
este martes el Ministerio Público pretende continuar presentando su solicitud
de medida de coerción, de la que en la jornada de hoy fueron presentadas las
primeras 54 páginas, correspondientes a los hechos y la descripción de quién es
quién dentro de éste entramado criminal.
“Presentaremos nuestras
pruebas. Estamos hablando de más de 350 pruebas con que cuenta el Ministerio
Público que serán más que suficientes; primero, para demostrar lo que siempre
hemos demostrado, que nosotros vamos a los tribunales con procesos blindados;
además, para poner a la jueza en condición de que se dicte la medida de
coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la de prisión
preventiva”, dijo.
“Esta es una investigación
abierta, una investigación en curso, ustedes se habrán dado cuenta, seguimos
haciendo allanamientos y, en la medida de que aparezcan nuevas evidencias y
esas evidencias vinculen a nuevas personas, evidentemente, las estaremos
presentando a los tribunales”, añadió Camacho, al responder a periodistas que
lo abordaron a la salida del tribunal.
La jueza Iris Borges,
ratificada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago luego de ser recusada por varios
representantes de las defensas de los imputados el pasado miércoles, retomó el
conocimiento de la medida este lunes pasadas las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público inició
la presentación de medida de coerción a las 11:20 de la mañana, luego de un
receso de 45 minutos que se prolongó por más de una hora, debido a que los
abogados de al menos cinco imputados se retrasaron.
El procurador adjunto Camacho
informó que la coerción sería presentada en dos partes, primero cómo operaba la
red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada con la
Operación Falcón, y en un segundo momento el rol de cada uno de los imputados
dentro de la organización criminal.
La parte agraviada es el
Estado dominicano, ya que el narcotráfico internacional y el lavado de activos
constituyen delitos de orden público.
Esta organización criminal
tenía como principal actividad el tráfico de miles de kilos de drogas,
específicamente cocaína, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y
varios países de Europa.
La red de lavado desmantelada
con la Operación Falcón manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a
personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad,
específicamente el caso de un legislador que intentó eludir a un extraditable
del cerco que habían establecido las autoridades.
Los investigadores estiman que
la red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012,
aunque hay registro de actividades criminales de este entramado desde antes de
la fecha. También se intensificaron las operaciones a partir de 2017.
La red tenía como centro de
mando y control la provincia de Santiago, en República Dominicana, funcionando
con un esquema propio de una mafia, en el que se involucra a los miembros de la
familia en toda la operación criminal.
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