La dirección nacional de ética gubernamental ha informado que depositó por ante la Procuraduría General de la República (PGR) expedientes relacionados con la contratación realizada en el 2019 durante la administración del PLD y que tiene que ver con la adquisición del denominado asfalto caliente, “Depositamos ante la Procuraduría los expedientes relacionados con la contratación de RD$11,500 millones para la compra de hormigón asfáltico caliente de parte del MOPC, en 2019. Lo encontramos archivado.”
Se recuerda que el director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó en septiembre 2020 que el caso relacionado con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas, será llevado ante la Procuraduría General de la República.
Pimentel dijo en ese momento
que el depósito del expediente era con el objetivo de que se profundicen las
investigaciones sobre este hecho que ha sido calificado como práctica de
corrupción administrativa del pasado gobierno del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD).
El funcionario sostuvo que las
primeras dos semanas las tomó para conocer la institución en la que fue
designado por el presidente Luis Abinader y estudiar los casos encontrados,
revelando que encontró más de 200 con indicios de naturaleza penal para que
sean profundizados en la investigación.
Explicó que el caso de los
11,500 millones sale del ámbito de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, por lo que asegura que debe ser investigado por el Ministerio
Público.
En el expediente está involucrada
la hermana del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la
señora Maybeth Rodríguez, la señora Maybeth Rodríguez demandó penalmente al
periodista Marino Zapete quien hizo la denuncia sobre la contratación de 11,500
millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente, sin embrago después
que el PLD perdió las elecciones decidió retirar la querella.
El procedimiento de contratación
se produjo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando aún era
ministro el señor Gonzalo Castillo, quien luego se convirtió en candidato
presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Ya el director de Presupuesto,
José Rijo Presbot, dijo que los fondos involucrados, 11,500 millones de pesos,
fueron distribuidos entre los beneficiarios, y no existe constancia de que el
trabajo “contratado” se haya realizado, ni que los fondos entregados se
utilizaran en los servicios para los que dicen los papeles que se necesitaba.
La sospecha es que ese dinero
fue a parar a la campaña electoral del partido oficial, y que el principal
receptor fue precisamente el candidato presidencial oficialista, Gonzalo
Castillo, que es precisamente quien firmó los contratos de adjudicación de los
servicios.
Como ministro de Obras
Públicas Gonzalo Castillo comprometió su responsabilidad penal. Los fondos se
entregaron del presupuesto del 2020. El déficit del presupuesto del 2020 es de
418 mil millones de pesos, según las revelaciones de Miguel Ceara Hatton,
ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Las cuatro instituciones
públicas involucradas ya tienen muchos documentos a manos. Compras y
Contrataciones ya certificó que no hubo licitación, y que se violentó el
procedimiento normal de asignación de contratos en el Estado.
La Dirección de Etica e
Integridad Gubernamental certificó que en la acción oficial hubo falta de la
normativa ética y de transparencia, a que están obligadas las instituciones
públicas. La Dirección de Presupuesto dijo que no hubo respeto por la
apropiación de los fondos, y ahora toca a la Procuraduría General de la
República analizar los documentos y proceder con el rigor legal para que un
tribunal conozca el caso y establezca las sanciones correspondientes.
Lo que manda la ley es que en
casos así el funcionario responda con su propio patrimonio el monto de dinero
involucrado. Gonzalo Castillo tiene ante los tribunales un gran desafío para
demostrar que actuó de buena fe, que había una emergencia y que los contratos
eran para resolver urgencias por el mal estado de las vías. Ese puede ser un
argumento. Necesitará buenos abogados. Por lo pronto pasará un buen rato en los
tribunales, entre abogados.
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